Esta ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada por la presidenta de entonces, Michelle Bachelet, que fue presentada en Septiembre en 2017 y que actualmente es alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; esta ley permite la práctica del aborto hasta la semana 12 de gestación en caso de violación y hasta la semana 14 si la madre es menor de 14 años sin contemplar las causas de riesgo de vida de la madre ni la inviabilidad fetal (imposibilidad de que crezca el bebé).
702 gestaciones fueron encuadradas en las tres causas principales de las cuales 76% fueron abortos (277 por riesgos maternos) 163 por inviabilidad fetal y 93 por violación, allí más de 40 niñas menores de 18 años y hasta de menos de 14 años las llevaron a practicarse un aborto, de los cuales sólo 32 comprobaron la violación.
Fundación Chile y su presidenta, Verónica Hoffman, declaró que es lamentable que el número de abortos crezca por esta ley, “No sabemos si las mujeres embarazadas están realmente informadas sobre los programas de seguimiento como está señalado en la ley, pues muchos de esos casos podrían ser de mujeres que habrían continuado con el embarazo”, afirmó.
Los médicos afirman que la objeción de conciencia es una forma de apelación al aborto, pues pueden negarse a continuar con el procedimiento por sus principios religiosos, morales o éticos siempre y cuando la mujer no necesite una atención inmediata.
Los activistas a favor del aborto quieren promover la práctica legal y segura de esta acción, pero su contraparte lucha para que eso no suceda pues la falta de seguimiento de estos casos es lo que conlleva a esta práctica, “Por nuestra experiencia, en 20 años observamos que cuando una mujer en situación de vulnerabilidad es acogida, el 82% continúa con el embarazo”, concluyó Hoffman.
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